En esta categoría se visibiliza el mayor índice de correlación entre las subcategorías «recortes-escuela pública» y «recortes-escuela concertada», junto a «LOMCE-recortes» y «economía-LOMCE» ambas superan el 0,90 y muestran el rechazo a los recortes y la escasez de fondos públicos para financiar la educación.

El sentido original de lo público de la educación se planteó bajo el ideal de ciudadanía en los estados-naciones y ha variado con los procesos de globalización (Novoa, 2000). En ellos el firme posicionamiento por defender la educación pública es una demanda frecuente ante las agendas que arremeten y debilitan las políticas públicas que ensalzan la necesidad de que la sociedad funcione asentada en derechos civiles y libertades individuales (Harvey, 2005).

«Nos une la defensa de este bien social que es la Educación Pública, conseguido con la dedicación de muchos otros ciudadan@s» (@YoEPublica). Ahora la sociedad civil reclama, por medio de protestas sociales, la construcción de una ciudadanía capaz de utilizar un modelo educativo realmente conectado a la justicia social y a una esfera pública más democrática. La educación pública se comprende como derecho social inalienable, avalado y financiado por la Administración, prioritario para lograr una sociedad más equitativa, justa y democrática (Biesta, 2016).

«La enseñanza pública y gratuita es el más poderoso instrumento para la práctica de la igualdad democrática» (@YoEPublica). La institución educativa, en España, se concibe pública por ser gratuita y tener las puertas abiertas, garantía de la inclusión de todas sin ningún tipo de discriminación ni exclusión y con la capacidad suficiente para universalizar un conocimiento científico, laico, intercultural, plural y crítico (Foro de Sevilla, https://goo.gl/x1ngJ9).

«Abogamos por una educación 100% pública, laica, inclusiva y cuyo principal objetivo sea el de formar ciudadanos críticos y responsables» (@YoEPublica). La aparición de las medidas urgentes de racionalización del gasto público (https://goo.gl/G7ELwT) trajo consigo numerosas críticas a los recortes en la educación pública.

«La calidad de la enseñanza pública se ha deteriorado con recortes brutales» (@Espublica). La plataforma «Yo Estudié en la Pública» hizo aportaciones en Twitter y encendió un canal en YouTube para difundir vídeos reivindicando la paralización de la LOMCE. Superaron los 4.000 suscriptores y uno de sus vídeos obtuvo más de 500.000 visitas (https://goo.gl/6lg9ng). Aparecían en él personalidades de la cultura y la academia, como Mayor Zaragoza, Director General de UNESCO (1987-1999) y Ministro de Educación en España (1981-1982), apoyando el movimiento social por la educación pública, contra la privatización de la educación y en defensa de la participación ciudadana en las decisiones políticas. El vídeo se resitúa como medio de recuperación política de la comunicación y apropiación ciudadana de transformación social y política (Sierra-Caballero & Montero, 2015). Esta resistencia colectiva, junto a otras, compartía que era papel de la educación pública el promover una ciudadanía crítica y vigilante de la sociedad desde la participación política (Sartori, 2007; Bolívar, 2016).

En este caso el mayor índice de correlación entre subcategorías corresponde a «LOMCE-mercantilización» y «LOMCE-ciudadanía» que, junto a «privatizar-escuela pública» y «mercantilización-escuela pública», superan el 0,90 de coeficiente de correlación y denotan el repudio a la incorporación de empresas y valores mercantilistas en la política educativa.

En las agendas educativas se promueve la apuesta de nuevas reformas escolares bajo prácticas de mercado propias de gobernanza global (Rizvi & Lingard, 2009). El anteproyecto LOMCE (https://goo.gl/MSAZsS) enfatizaría esta lógica: «La educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Su nivel educativo determina la capacidad de competir con éxito en la arena internacional».

Se mantenía que la LOMCE privatizaba la educación por cuanto sometería a la ciudadanía al mandato de un mercado laboral estrictamente economicista y mercantilista. La denuncia era clara: el derecho a la educación no podía estar al servicio de mercado, economía y productividad.

«#LOMCEenmiendaalatotalidad porque concibe educación no como Derecho sino como un factor productivo al servicio del modelo económico» (@YoEPublica). Es propio de estos procesos reformistas la incorporación de mecanismos de privatización encubierta en la educación que quedan delimitados en las prácticas de nueva gestión pública, cuasimercados escolares, sistemas de incentivos económicos, políticas de «accountability», evaluaciones estandarizadas o rankings (Ball & Youdell, 2008). La LOMCE es claro ejemplo de ello al especificar que sus principios son: «el aumento de la autonomía de centros, el refuerzo de la capacidad de gestión de la dirección de los centros, las evaluaciones externas de fin de etapa, la racionalización de la oferta educativa y la flexibilización de las trayectorias» (Boletín Oficial del Estado, 2013: 97862). Toda una declaración de intenciones que dejó paso a las primeras resistencias colectivas en Twitter mediante el hashtag #LOMCEBasura. La actividad reivindicativa fue alta por parte de miembros de la «Marea Verde» que criticaban con contundencia la privatización de la educación. Al igual que otras «mareas», tuvieron como objetivo principal de comunicación la defensa de lo público (Álvarez-Ruíz & Núñez-Gómez, 2016).

«El ejercicio del poder toma la forma de dominación cuando sus ciudadanos permanecen en silencio. No obedezcas, grita NO #LOMCEBasura» (@YoEPublica). También se clamaría contra la competitividad entre centros educativos y los ránkings. Asimismo, la nueva gestión pública y la autonomía de centros entrarían en esa privatización encubierta (Ball & Youdell, 2008) recibiendo oposición por su potencial para jerarquizar el funcionamiento de los centros educativos y deteriorar los procesos democráticos que en ellos se implementaban.

«Directores elegidos a dedo por la Administración y docentes elegidos al antojo de estos mismos directores. Esta es la «autonomía de LOMCE» (@YoEPublica).

En la categoría se constata el mayor índice de correlación entre las subcategorías «reválidas-LOMCE» y «LOMCE-evaluación», con coeficientes superiores al 0,89 e invalidando las pruebas de evaluación estandarizadas como eje central de la LOMCE.

Usualmente los gobiernos construyeron problemas políticos y luego fijaban sus soluciones más allá del plano nacional (Novoa & Yariv-Mashal, 2003). La LOMCE se perpetró como respuesta a la necesidad de mejorar los resultados académicos en las pruebas PISA de la OCDE (Bonal & Tarabini, 2013). Por eso, incorporaba las «reválidas» que tanto preocuparían al movimiento social por la educación pública. Se vislumbraba que las evaluaciones estandarizadas abrirían las puertas para segregar y excluir al alumnado.

«El interés de las Reválidas no es mejorar la calidad educativa cuando, además, se están bajando requisitos para pasar curso #NoALaRevalida» (@Espublica) «¿Por qué no nos gusta la LOMCE? Por las reválidas que excluyen al alumnado» (@YoEPublica). Estas prácticas de estandarización, regidas por esferas supranacionales para «controlar desde la distancia» (Miller & Rose, 2008) y «gobernar con números» (Ozga, 2011), suponían herramientas de control tan intranquilizantes para el movimiento de protestas que sentía cómo la política educativa emigraba al antojo de la OCDE desde una ley de mercado privatizadora de la política.

En la última categoría el mayor índice de correlación está en las subcategorías «resistir-LOMCE» y «paralizar-LOMCE», «resistir-LOMCE» y «movilización-LOMCE», «paralizar-LOMCE» y «pacto-LOMCE», con coeficientes superiores a 0,90 que declaran la indispensable derogación de la LOMCE y la conveniencia de un pacto educativo.

Las políticas economicistas aplicadas en España como consecuencia de la «crisis fiscal y económica» que arrancó en 2008 han debilitado el carácter público y social de la educación. La ciudadanía ha manifestado su protesta a través de movimientos sociales espontáneos. En esta investigación nos hemos interesado por el denominado «Marea Verde» iniciado en 2011 con la pretensión de reprogramar el poder hegemónico en torno a intereses y valores en favor de la democracia y la justicia social (Castells, 2012), entre los que se encuentra la defensa de la «escuela pública: de tod@s y para tod@s».

Los movimientos sociales se dinamizan a través de Internet y las redes sociales y analizamos tres cuentas de Twitter. La propuesta metodológica cobra interés porque el acceso mayoritario a la información a través de estas tecnologías ha propiciado profundas modificaciones en el modo de participar en la política de grandes grupos de población como formas de democratización y empoderamiento (Howard & Parks, 2012), aunando comunicación en red y protestas (Juris, 2012). Como se ha analizado, en este tejido social múltiple, la ciudadanía se ha movilizado y empoderado, participando activamente en el debate y la defensa de la educación como un derecho social fundamental a través de su democratización y universalización.

La metodología empleada sugiere la emergencia de cuatro categorías de análisis que aglutinan y caracterizan las demandas de los movimientos sociales a través de las redes sociales. Rechazando la «privatización de la educación» y las «pruebas estandarizadas», por una parte, y reclamando la «defensa de la escuela pública» y el logro de un «pacto educativo» de las fuerzas políticas y la comunidad educativa, por otra.

La escuela pública tiene una fuerte implicación con la cultura democrática (Apple & Beane, 2007). Por eso, se rechazan las consideraciones de tipo economicista que tratan de debilitarla, como los recortes o la escasez de fondos públicos para su financiación. Así, se manifiesta una fuerte oposición a la escuela concertada por la protección económica que recibe del Estado. El intenso rechazo a las políticas neoliberales se focaliza en torno a la LOMCE por sus propuestas privatizadoras y mercantilistas.

La privatización de la educación forma parte de la estrategia neoliberal para debilitar la escuela pública. Las protestas de los movimientos sociales se oponen a la formación de un mercado educativo porque convierte a las escuelas en empresas que venden a las familias servicios educativos. Esta reconfiguración de la escuela se identifica con las propuestas del exministro Wert, que es severamente reprobado por el movimiento «Marea Verde». El rechazo también es frontal a las reválidas que propone la LOMCE, porque perjudican a la equidad que sostiene la escuela pública e introducen mecanismos de segregación y exclusión socioeducativa. Con todo, las protestas a la LOMCE se traducen en acciones de resistencia que conducen a su paralización. Se considera un requisito innegociable para el logro de un acuerdo o pacto que dote al sistema educativo de credibilidad y estabilidad política y social, para configurar un modelo de escuela consensuado por todas las fuerzas políticas y los agentes socioeducativos.

Por último, este tipo de investigaciones evidencian el protagonismo que están cobrando las redes sociales por su capacidad para alterar el rol tradicional de los poderes públicos. En este nuevo contexto de la cibersociedad en el que la ciudadanía digital recobra un especial protagonismo (Ribble & Bailey, 2004), hay que prestar atención a los actores que reivindican una participación activa en los debates públicos para comprender críticamente los entornos sociales y culturales que afectan el sentido de la vida cotidiana. Es importante tener en cuenta que las acciones de protestas colectivas utilizan Internet como canal de información y comunicación para cohesionar sus reivindicaciones, configurándose un tejido social con un alto nivel de conectividad donde la ciudadanía se empodera para discutir sobre asuntos de interés común en las democracias deliberativas (Gozálvez & Contreras, 2014).

La nueva realidad que se gesta alrededor de la interacción social mediada por Internet exige propuestas metodológicas específicas. La mayoría de los análisis importan procesos de otros campos científicos análogos, preponderando los aspectos cuantitativos. Para futuras investigaciones sugerimos acercamientos cualitativos para comprender el sentido que otorgan las personas a estos fenómenos sociales emergentes. Por ello, resultaría de gran interés atender a estos cambios mediante la observación participante, encuestas y entrevistas en profundidad con activistas. Esta investigación tuvo limitaciones en ese sentido por el objetivo principal y la pregunta de investigación, que tenían como finalidad acotada analizar el empoderamiento de las acciones colectivas de protesta contra la privatización de la educación española en Twitter.

Proyecto de Investigación «Dinámicas de privatización exógenas y endógenas en y de la educación: la implantación del modelo de cuasimercado en España» financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia del Gobierno de España (EDU2011-20853).