Los jóvenes son objeto de estudio en numerosos estudios centrados en el análisis de su acceso a la esfera pública como actores políticos (Briggs, 2017; Cammaerts & al., 2016; Chou & al., 2017). En España, algunas investigaciones han dado cuenta de la necesidad de considerar la «cuestión juvenil» como un elemento estructural desde donde comprender la calidad democrática de nuestras sociedades actuales y futuras (Tezanos & Díaz, 2017; Observatorio Social La Caixa, 2017). Según estos estudios, los jóvenes de hoy deben afrontar una precarización creciente que afecta de dos maneras su capacidad de intervenir en la esfera pública: por un lado, su situación de desventaja los ubica en condición de inferioridad en los debates públicos; por otro lado, los problemas que conlleva este rol secundario no son percibidos como un problema que afecta a la sociedad en conjunto y a su futuro.

El caso que aquí se presenta se basa en los primeros resultados de la investigación desarrollada en el marco del proyecto H2020 EURYKA. En una primera fase de este proyecto se analizaron las políticas y prácticas públicas de promoción de la inclusión y la participación de la juventud en nueve países europeos (EURYKA, 2017). Las agencias de juventud fueron uno de los aspectos que centraron el estudio. La muestra del análisis fueron las políticas vigentes, incluyendo los cambios recientes relacionados con la crisis económica. Los resultados de este estudio en concreto situaron a España en la cola de los países estudiados, obteniendo la única puntuación negativa en lo concerniente a acciones de gobierno dirigidas a las agencias juveniles. Este resultado reflejaba la disolución (decretada por ley en 2014) del Consejo de la Juventud de España (CJE), así como el hecho de que las protestas que generó este hecho fueron desatendidas.

Este artículo presentará, pues, los resultados de un estudio acerca de cómo una cuestión relevante que afecta a los jóvenes queda relegada a un segundo puesto de importancia en la esfera pública. Este estudio se centra, por un lado, en la observación de cómo la prensa española incorporó la disolución del CJE en su agenda temática; por otro lado, se observa la forma en que se utilizó Twitter para incluir el tema en la agenda ciudadana.

España tiene dos agencias de juventud legalmente constituidas: el Instituto de la Juventud (INJUVE) y el Consejo de la Juventud de España (CJE). El INJUVE es una institución gubernamental que ofrece servicio público a la juventud. Está dirigido por un cargo nombrado por el poder Ejecutivo a través del correspondiente Ministerio. El CJE, en cambio, es un organismo autónomo compuesto por 60 asociaciones y organizaciones juveniles de todo el país, cuyos representantes son elegidos por las bases. El CJE desarrolla programas específicos de lucha contra las desigualdades sociales que afectan a la gente joven. La presidencia del Consejo y su Comisión Permanente son elegidas por las entidades que forman parte de la Asamblea General. Por otro lado, el CJE es la agencia que representa a España en el Foro Europeo de la Juventud (YJF).

Hace cinco años, en un contexto de crisis económica frente al cual la Unión Europea exigió medidas de austeridad, el Gobierno español decretó la Ley Orgánica 2/2012 sobre Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, CORA). Ello dio pie a un estudio comprensivo sobre la Administración Pública, a fin de identificar las áreas de mejora y proponer medidas de acción. El Informe Ejecutivo de la CORA fue presentado al Consejo de Ministros el 21 de Junio de 2013. En él se recomendaba la disolución del CJE (entre otras agencias), argumentando que sus funciones duplicaban las del INJUVE. El Consejo de Ministros convino que la eliminación del Consejo de la Juventud supondría un ahorro de 4,3 millones de Euros para el presupuesto nacional. No obstante, el CJE era uno de los organismos de menor envergadura de la Administración (0,08% del presupuesto de la estructura ministerial) y, de hecho, ya había estado sujeto a un recorte presupuestario del 54% durante el período 2008-2012 (CJE, 2013).

Defensores del CJE iniciaron una campaña online, primero en Internet en la URL http://salvemoselcje.com/, y luego en Twitter (con el hashtag #salvemoselCJE). «Salvemos el CJE» fue una campaña dirigida a denunciar que el proceso de reestructuración al que se quería someter al CJE no era más que un medio para hacer desaparecer la agencia. Concretamente, se criticó el sesgo político de esta medida dada cuenta del posicionamiento crítico que el CJE mantenía frente a las políticas de juventud del Gobierno.

La Ley de Racionalización del Sector Público fue aprobada en Septiembre de 2014 (Ley 15/2014). En ella se daba luz verde a la disolución del CJE y su conversión en una entidad privada. Este acontecimiento fue seguido por un largo período en el que la prensa no generó más noticias sobre el tema. Tres años después, el 20 de Julio de 2017, el CJE y el INJUVE firmaban un acuerdo en presencia del Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. En la nota de prensa que generó el CJE el 21 de Julio de 2017 se anunciaba el inicio del proceso de aplicación del Real Decreto que disolvía la agencia, dejando constancia de la posibilidad de que el redactado del mismo incorporara algún cambio antes de su publicación final. En ninguno de los periódicos analizados en este estudio de caso se mencionó este hecho, como tampoco se detectó ninguna reacción en Twitter. De hecho, la campaña #SalvemoselCJE había llegado a su fin en Noviembre de 2015 (no se tuvo constancia de más tuits con ese hashtag desde entonces).

Este artículo se desarrolla en base a premisas teóricas que abordan el tema de la formación de la opinión pública y los procesos de deliberación. Para ello, resulta esencial revisitar los debates entre las teorías sobre la democracia deliberativa, inspiradas en los trabajos de Habermas, y las teorías del pluralismo agonista, de las cuales Mouffe es una destacada representante. La concepción habermasiana de esfera pública y de acción comunicativa parte de la comprensión de los procesos deliberativos como oportunidades para el consenso (Habermas, 1994). El pluralismo agonista critica, en cambio, que este consenso solamente pueda lograrse a costa de la voz de los disidentes. Mouffe argumenta que la definición de los ciudadanos en tanto que sujetos políticos debe tener en cuenta su identificación con los valores sobre los que se sustenta la democracia, los cuales no son valores universales ni normativos, como defendía Habermas, sino valores que dan significado a las diferentes identidades en conflicto que componen la sociedad (Navarro, 2014).

Actualmente la ciberpolítica introduce un importante cuestionamiento de ambas perspectivas. Como nunca antes, la red social incluye nuevas formas de expresión política que da pie a una esfera pública interconectada, en la cual la inmediatez marca el ritmo de la acción comunicativa (Cotarelo & Gil, 2017; Kurban, Peña-López, & Haberer, 2017). Por otro lado, hoy se percibe también la hegemonización de algunas formas de gobierno que en tiempos de crisis optan por el estatismo y el inmovilismo de los principios democráticos en pos de la recuperación económica, generando un incremento de las desigualdades sociales. De este modo, aunque la revolución tecnológica hace plausible un escenario de pluralismo agonista, lo cierto es que incluso en un contexto caracterizado por la multiplicidad de voces y el derecho a la comunicación, la disolución de los discursos contra-hegemónicos es un hecho todavía vigente.

La configuración de la agenda ciudadana (Miralles, 2001) debe afrontar el problema de la atomización del sujeto social, mientras la agenda mediática se afana por preservar su posición de privilegio para la expresión de la opinión pública (Coleman & Ross, 2010). A partir de aquí cabría preguntarse si los factores que actualmente difunden o silencian una determinada controversia pueden explicarse simplemente como consecuencias de la creciente complejidad de las acciones comunicativas o bien continúan respondiendo a los viejos esquemas de la acción política. Más allá del determinismo tecnológico que acompaña la visión emancipadora de los nuevos medios de comunicación (Castells, 1996), sería bueno comprobar si las mediaciones de las que hablaba Jesús Martín-Barbero (1987) se han fortalecido o se han debilitado con el advenimiento de las redes sociales. ¿Qué grupos son efectivamente capaces de acceder a (y de transformar) los espacios de deliberación?

Son varios los trabajos que se ocupan del estudio de los jóvenes desde la crítica a la estigmatización que supone vincularlos con una imagen de apatía, consumismo y anomia (Cammaerts & al., 2014; Chou & al., 2017). Autores como Tezanos y Díaz (2017) llegan a igualar la relevancia política de la cuestión juvenil con la que en su momento tuvo la clase obrera. La crisis económica y social se manifiesta se hace notar especialmente entre la gente joven, quien tiene que postergar la edad de emancipación económica y social. Según datos recientes de Eurostat la tasa de paro de los jóvenes en España es del 40,5%, lo que sitúa al país en el penúltimo peor lugar respecto al desempleo juvenil en Europa, solo superado por Grecia en 2017.

A pesar de estos datos, la juventud no está asumiendo un rol pasivo (Giugni & Lorenzini, 2017). En España la organización (liderada por los jóvenes) de movilizaciones ciudadanas masivas como las del 15M ha demostrado que las tecnologías son un instrumento clave para el activismo (Hernández, Robles, & Martínez, 2013) y que en determinadas circunstancias estos movimientos tienen capacidad de influenciar la cobertura mediática de los acontecimientos (Casas & al., 2016; Monterde & al., 2017), aunque otros estudios han destacado que la relación entre periodistas y activistas sigue siendo difícil (Micó & Casero-Ripollés, 2014). Con todo ello, cabe subrayar la capacidad de los jóvenes de acceder al capital social a través del uso de la tecnología móvil (Vidales-Bolaños & Sábada-Chalezquer, 2017), o su participación activa en la sociedad red (García-Galera, Del-Hoyo, & Fernández, 2014). Una diferencia entre la acción política de los jóvenes de hoy y la de generaciones anteriores en la España democrática es que, incluso tratándose de nativos digitales, su capacidad efectiva de alterar el estatus quo es menor, como escasa es su influencia en las decisiones políticas que afectan el futuro del país. El disenso que los jóvenes son capaces de manifestar se diluye en una esfera pública que reproduce un discurso normativo y prescriptivo, y que no deja lugar para la controversia.

Se utilizó una aproximación cuantitativa para estudiar la relevancia de la campaña «Salvemos el CJE» en la esfera pública a través de la prensa y Twitter. Por un lado, se llevó a cabo un análisis de contenido de los artículos de prensa que contenían la expresión «Consejo de la Juventud de España». Por otro lado, se desarrolló un análisis de la campaña en Twitter contra la disolución del CJE, observando el uso y la circulación del hashtag #salvemoselCJE.

La elección de (y limitación del estudio a) estos dos medios de comunicación contempla la hipótesis inicial de que la esfera pública tradicional no ha sido sustituida ni reformulada por una «nueva esfera pública» (Castells, 2008) por el mero hecho de abrir nuevos espacios políticos y de opinión online. Para testear esta hipótesis, se fijaron los siguientes objetivos:

• Demostrar que la configuración de la agenda mediática alrededor de la disolución del CJE fue determinada más por las rutinas periodísticas que por las líneas editoriales (o sesgos políticos) de cada periódico.

• Demostrar el bajo impacto de la voz de los jóvenes en relación a este tema, en parte debido a que su articulación respondió a estructuras organizativas offline que ni actuaron como fuentes principales para los medios estudiados, ni lograron integrarse a las dinámicas de las redes sociales online.

En esta sección se presentarán los resultados del análisis cuantitativo de 81 artículos de prensa, así como de 184 tuits donde apareció el hashtag #salvemoselCJE. El análisis se centró en el abordaje de la disolución del CJE como controversia en la prensa y en Twitter. Basándose en este análisis, se van a intentar responder las siguientes preguntas de investigación:

Este artículo aporta datos para la comprensión de posibles razones por las que las reivindicaciones políticas de los jóvenes en España no consiguen el estatus de controversias que las sitúen en los debates de la esfera pública. En relación a la hipótesis inicial, los resultados del análisis sugieren la idea de que las reivindicaciones políticas de los jóvenes españoles no tienen éxito cuando se trata de la defensa de sus propios intereses (como jóvenes). El estudio apunta a la paradoja de que una agencia de juventud consolidada y de organización tradicional fracasa en sus intentos de acceder a la esfera pública.

Por lo que respecta al primer objetivo del estudio, los resultados demuestran que la cobertura en prensa de la disolución del CJE no levantó ninguna controversia. La evolución del tratamiento del tema en los periódicos analizados muestra que el grado de relevancia del acontecimiento noticioso fue determinado por la rutina periodística que plantea la «noticiabilidad» bajo una lógica efímera. Esta misma rutina situaba el foco de interés en la acción del Gobierno más que en las demandas sociales y actividades que generó la campaña «Salvemos el CJE». Todos los periódicos adoptaron una rutina productiva que introdujo el tema en la agenda mediática solamente al inicio del proceso. Ningún rotativo dedicó análisis alguno (fuera positivo o negativo) al cierre del CJE en julio de 2017. La disolución del CJE, por tanto, dejó de ser tema noticioso antes de poder convertirse en controversia pública. Esta constatación confirma una de las principales ideas de este artículo, según se describe en su segundo objetivo. Se trata de la idea de que los temas que atañen a la juventud española no se hacen un lugar en los debates públicos, ni tienen (por tanto) acceso a la esfera pública. A pesar de que las demandas de los jóvenes producen un cuestionamiento del estatus quo, estas son poco tenidas en cuenta por la prensa y percibidas como marginales. En general, su voz no ocupa un lugar relevante en las noticias.

Los picos de atención que mereció en Twitter el hashtag #salvemoselCJE coinciden en gran medida con los picos de interés que la disolución del CJE generó en la prensa. Este resultado muestra, en este caso, una evolución paralela de la agenda mediática y la agenda ciudadana. Ello no significa que la prensa y Twitter compartan rutinas productivas, sino más bien que sus respectivas agendas siguieron el ritmo marcado por la toma de decisiones del Gobierno español en relación a este caso. Ello se puede confirmar con el hecho de que los picos de actividad (tanto en la circulación de noticias como de tuits) coinciden con cada paso dado por el Gobierno. Este comportamiento podría verse como algo normal en el caso de la prensa generalista, pero resulta extraño como práctica de la sociedad civil ya que esta no necesita establecer su agenda pública del mismo modo.

Hay otro hallazgo que ayuda a explicar el porqué de la limitada capacidad de los jóvenes de acceder a la esfera pública a través Twitter en el caso de esta campaña. Según muestra el estudio, la consolidada estructura de una organización como el CJE puede actuar como freno a su capacidad de llevar la controversia fuera del ámbito de los «asuntos internos». La campaña «Salvemos el CJE» se mantuvo dentro de las mismas redes que tejen la estructura del CJE en tanto que institución paraguas offline. El hecho de que el hashtag #salvemoselCJE circulase en Twitter no significa que las demandas de los jóvenes transcendieran de forma eficaz los muros de una «comunidad aislada». El análisis de la circulación de información sobre este caso en Twitter demuestra la inexistencia de actores externos opinando sobre la campaña, viéndose así limitada la capacidad de impacto de la misma. La imposibilidad de llevar el tema «fuera» apunta también a la probable ausencia de una estrategia comunicativa planificada. De aquí que el tema haya podido resultar invisible para la sociedad en general.

En esta conclusión final se propone una revisión de los principios del pluralismo agonista en relación a la sociedad digital. Internet y las redes sociales abren la posibilidad de competir con la posición dominante de los medios tradicionales, lo cual puede conducir al establecimiento de una nueva esfera pública, más abierta a la diversidad de voces y temas. No obstante, esto no puede ser considerado todavía un hecho. Una vez constatada la escasa presencia que el anuncio de la disolución del CJE tuvo en la agenda mediática y en la agenda ciudadana, y considerando el silencio que habitualmente se genera entorno a la cuestión juvenil en tanto que cuestión estructural, se abre todo un camino para analizar con mayor profundidad los mecanismos de perpetuación de las desigualdades a la hora de acceder a la esfera pública.

En estudios futuros sería interesante ampliar el enfoque para llevarlo más allá de este caso particular de análisis, y así comprender mejor la posición y el impacto en la esfera pública de las opiniones de los jóvenes y de los temas relacionados con la juventud, en relación al ámbito más amplio de las demandas sociales. En este sentido, falta desarrollar un análisis más arduo sobre la forma en que los discursos contra-hegemónicos se posicionan en la agenda mediática (incluyendo los contenidos audiovisuales). El estudio realizado también apunta al reto de abordar la forma en que las agencias y campañas lideradas por jóvenes pueden utilizar y maximizar el potencial de las redes como espacios efectivos de acción política, evitando caer en la auto-referencialidad y la guetización.

Los datos presentados en este artículo se han obtenido durante una fase inicial del proyecto «Reinventing democracy in Europe: Youth doing politics in times of increasing inequalities» (EURYKA, Reinventando la democracia en Europa: la participación política de la juventud en tiempos de crecientes desigualdades). Este proyecto es financiado por la Comisión Europea en el marco H2020 (con contrato número 727025).